El ritmo de crecimiento de las ciudades
como Lima, refleja la dinámica de la producción de la población para su hábitat,
especialmente para alcanzar el sueño de la casa propia.
El cinturón marginal de Lima que da
forma a los Conos sigue creciendo, no con las significativas cifras de la década pasada,
pero sí con un número de familias de crecimiento vegetativo, de esta generación de
urbanizadores populares, que aún se hace sentir y sumado al atractivo que significa Lima
para hogares que no logran visualizar oportunidades en sus comunidades al interior del
país.
Características de la Población
Social de la Vivienda
Las condiciones de ocupación de
estas familias con respecto a épocas anteriores es diferente. El suelo en efecto, ha ido
disminuyendo en cantidad y calidad.
La ocupación se realiza hoy en arenas,
en áreas de cerros con pendientes entre 40 y 45 grados, sobre rellenos de basura y
humedad; y la comunicación entre pueblos se va aislando por la topografía.
Estas características elevan los costos
de habitación y de consolidación de la vivienda, la habilitación en terrenos planos y
no arenosos, es de menor costo. Si a ello sumamos la poca capacidad económica de la
población, llegamos al supuesto que el tiempo que se tardará ese pueblo en consolidarse
será muy largo, o se generará una situación de tensión social alrededor del acceso a
una vivienda digna.
La Tugurización y Destugurización
El proceso de la Tugurización en el
país en estos últimos años, no se ha reducido de manera significativa. Hoy tanto el
Gobierno como el Municipio de Lima anuncian programas de destugurización, de los cuales
sólo un conjunto habitacional promovido por el Ministerio de la Presidencia está hoy
adjudicado a 226 antiguos inquilinos de la Sociedad de Beneficencia, bajo el sistema de
compra - venta.
Las familias inquilinas de la Sociedad de
Beneficencia de Lima, beneficiarias de este programa esperan que el sistema financiero
diseñado para que logren ser propietarios o inquilinos de estas viviendas, no se aparte
de la cifra que ellos pueden separar de su ingreso familiar, para el rubro vivienda.
Debido a que más del 90% de las familias adjudicatarias en propiedad del primer conjunto
habitacional, se encuentran con juicios por morosidad.
Tendencia del Inquilinato
La liberación del inquilinato, ha
producido efectos de movilización sobre las organizaciones de inquilinos de Lima que
ocupan aproximadamente el 40 % de las viviendas del Cercado, Breña y la Victoria, para
reducir su situación de inestabilidad sobre el deterioro físico de las viviendas que
ocupan, como por la ley que liberaliza sus alquileres.
La tendencia del inquilinato es
significativa en los Distritos del casco consolidado central de Lima, como son el Cercado,
La Victoria y Breña. En cada uno de estos distritos, las viviendas en inquilinato bordean
el 40 y 50 % del total de viviendas ocupadas, y el conjunto de estos tres distritos
alcanzan un total de 60,000 viviendas en alquiler.
La tendencia del inquilino de viviendas
se va reduciendo en distritos más jóvenes (Conos), donde el predominio de la vivienda
propia, resulta de los orígenes de estos distritos y del proceso de desentendimiento del
Estado por sus propiedades y por contribuir a resolver el problema de la vivienda.
La vivienda en alquiler se muestra como
una alternativa ante la imposibilidad de acceder a una vivienda propia, el mercado de
vivienda en alquiler en la ciudad de Lima aún no parece consolidado, aún la densidad
poblacional y la altura de edificación no ha llegado a configurar un escenario como el
descrito en el Plan Metropolitano de Desarrollo.
Renovación Urbana
Las ciudades se deterioran y soportan
las migraciones permanentes que generan los cambios económicos y sociales de los países.
Existen diversas experiencias mundiales sobre Renovación Urbana y la Conferencia Mundial
de HABITAT II, ratifica la necesidad de promover acciones de renovación urbana en
aquellas ciudades que sufren precisamente migraciones masivas y alto grado de deterioro
urbano.
En el Perú a siete años de la
promulgación de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Acciones de Renovación
Urbana, y a tres años de la aprobación de su Reglamento, no hemos encontrado
experiencias concretas y completas de renovación urbana, la inversión privada se ha
abstenido.
La necesidad de recuperar y proteger el
medio ambiente urbano sugiere y orienta diversas modalidades de intervención. Son las
áreas urbanas de mayor antigüedad las que sufren el mayor grado de deterioro, bastante
conocido es el razonamiento y estudios que precisan los factores esenciales que conducen
al deterioro y la tugurización, como el uso no apropiado, sobre uso, abandono,
obsolescencia y agresión de agentes externos (sismos, incendios, atentados y otros)
Se están desarrollando algunas
experiencias importantes que requieren un nivel de seguimiento y que brindan lecciones
futuras a partir de la identificación de vacíos y deficiencias. Podemos identificar
algunas intervenciones del Gobierno Central con ENACE en convenio con la Beneficencia
Pública de Lima, ejecutando proyectos de destugurización de vivienda. Si bien es
importante esta iniciativa, presentimos que faltan algunos aspectos como son la
definición de Areas de Tratamiento y los Lineamientos Básicos Orientadores que permitan
y faciliten procesos encadenados en Renovación Urbana con diversidades en los tipos de
intervención y en la participación de la inversión pública y privada.
Las Municipalidades provinciales y
distritales tienen gran interés en desarrollar acciones de renovación urbana, pero aún
no se concretan en sus planes y programas municipales. Creemos que es el momento de asumir
el rol promotor que les asigna la propia Ley y el Reglamento de «Promoción a la
Inversión Privada en Acciones de Renovación Urbana».
EL ACCESO AL SUELO
Hasta la fecha nuestra Constitución
Política no ha sufrido cambios para consagrar el derecho a la vivienda, así como el
derecho de propiedad que es presentado con menores limitaciones, frente a las
expropiaciones de interés social, para casos de regularización de Asentamientos Humanos
que ocupen terrenos de propiedad privada.
Por otro lado, a pesar de que la
Constitución otorga a las municipalidades las competencias de la Planificación del
desarrollo urbano y la ejecución de los planes y programas correspondientes; se han
promulgado una serie de leyes que les han restado funciones. Esta normatividad es
contraria a la constitución, pues viola el principio de exclusividad del Poder Judicial,
el derecho de igualdad ante la Ley, el derecho de acción, respecto de la obligación de
someterse a un sistema arbitral y prohibe a los particulares acudir al Poder Judicial.
Así mismo el conjunto de normas permite
el acceso de las tierras del Estado al libre mercado, con lo cual se levanta la
intangibilidad agrícola. Crea la Comisión de Privatización - COPRI, a través de la
cual se somete a subasta pública la adjudicación de tierras del Estado con vocación
agrícola y agropecuaria.
En el caso de terrenos dentro de la zona
de expansión urbana, en un primer momento se reservaron áreas para vivienda destinadas a
sectores populares, sin embargo, a través de la promulgación del Reglamento del Fondo
Mivivienda el 80 % de estas tierras serán destinadas a este Fondo Mivivienda quien a su
vez subastará dichas tierras a los promotores de vivienda y solo el 20 % de las mismas
serán destinadas a los sectores populares.
LOS SERVICIOS BASICOS, GESTION Y REGULARIZACION
La política ambiental nacional, sigue
los principios de la Agenda 21 de las Naciones Unidas (elaboración en la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro - 1992), que constituye un plan de acción global para el
desarrollo sostenible; cuyo fin es incentivar la participación y cooperación de las
autoridades locales y, así mismo, lograr que los gobiernos locales establezcan una
relación más cercana con sus respectivas poblaciones mediante consultas.
Los aspectos normativos de la gestión de
los servicios públicos se encuentran en el marco general de las políticas donde destaca
el proceso de reforma estructural que ha vivido el estado desde inicios de los años
noventa, el mismo que se ha caracterizado por la liberación de la economía, la
reducción de la administración pública y la privatización de bienes y servicios
tradicionales estatales.
AGUA Y SANEAMIENTO
Si consideramos que a 1994 el 27 % de
hogares carecía de ese servicio y para 1996, ese porcentaje a disminuido al 23 %, veremos
que las políticas públicas de los últimos años han contribuido a que se disminuya el
déficit, pero de manera muy lenta. (CUANTO, 1997).
La máxima atención del servicio se
centra en Lima Metropolitana, en donde según datos de Sedapal se atiende al 80 % de la
población metropolitana (1997).
En Lima se concentra las mayores
inversiones asignadas bajo la modalidad de crédito para agua y saneamiento (46 % del
total nacional a 1996), lo que ha permitido mayores niveles de acceso a ese servicio de
parte de la población.
Sin embargo, existe un déficit en la
gestión del servicio, por la diferencia entre la producción de agua y su facturación.
Alrededor del 35 % del agua producida no es facturada, lo cual implicaría que este
recurso no es adecuadamente aprovechado y/o administrado.
Respecto a la eliminación de excretas,
se estima que en 1994, existía un déficit del 47 % de hogares que no tienen acceso a red
pública de desagüe, y que para 1996 este déficit había disminuido al 41 %. En la
actualidad, en el caso de Lima el 97 % de la población con acceso a los servicios, es
atendida bajo la administración de SEDAPAL.
Cobertura del Servicio - Diciembre
1997 según modalidad de atención
Paralelo al incremento de la
cobertura de servicios de abastecimiento de agua se viene desarrollando un plan de recarga
de la napa freática de la cuenca del Rímac y para ello se está extendiendo la sección
del río de manera de infiltrar el mayor caudal posible y este alimente la napa freática,
medida que compensará la demanda y la disminución de la oferta.
Otro de los graves problemas
identificados es la cantidad del agua, lo cual deviene en el racionamiento de agua,
estableciendo horarios reducidos (4 a 6 horas). Obligando a muchos hogares a almacenarla,
afectando de esta forma la calidad del servicio y recurso agua.
De igual forma, existe a nivel de red
pública una deficiencia en la calidad de este servicio, según SEDAPAL (Anuario 1995) se
registró para la Zona Este de Lima un 3.11 % de muestras de agua en el sistema de
distribución con cloración insatisfactoria.
RESIDUOS SOLIDOS
La gestión de los residuos sólidos es
municipal, la Ley Orgánica de Municipalidades y su Reglamento establecen las
competencias, funciones y responsabilidades de los gobiernos locales en lo referido a los
servicios públicos de limpieza y ornato en sus respectivas jurisdicciones, sin embargo,
también existe normativa por la que se regula una serie de competencias para el
Ministerio de Salud en el mismo tema.
Para superar la dispersión y
heterogeneidad de normas y conceptos sobre el manejo de residuos sólidos que llevan al
cruce de competencias entre distintos organismos públicos y privados, en la actualidad se
viene discutiendo en Proyecto de la Ley General de Residuos Sólidos así como se plantea
la creación de un organismo referido exclusivamente a la gestión de los residuos
sólidos en todo su ciclo de vida (generación, almacenamiento, recolección,
transferencia, tratamiento y disposición, final) con un enfoque integral y debidamente
coordinado.
La producción per capita de residuos en
el Perú varía de 0.24 a 1,0 kg./hab/día. Siendo la producción directamente
proporcional al número de habitantes, Lima es la ciudad con mayor generación.
Recolección
La cobertura de recolección, promedio a
nivel del Perú es de 75 %, lo cual podría considerarse una cobertura medianamente
satisfactoria.
En las ciudades del Perú, no existe
recolección selectiva, Los residuos domésticos, de establecimiento de salud se
recolectan con el mismo vehículo, lo que pone en riesgo a los que manipulan dichos
residuos, así como a los riesgos ambientales en el lugar de disposición final.
Disposición Final
La disposición final, uno de los
componentes del sistema de aseo urbano, es poco atendido en el país. Solo Lima y
Cajamarca cuentan con rellenos sanitarios, y en la mayoría de ciudades predominan los
botaderos controlados o a cielo abierto que muchas veces constituyen un punto crítico
para el medio ambiente.
Cabe resaltar que los residuos
peligrosos, provenientes de industrias y otras actividades se disponen en estos mismos
lugares, pues nuestro país no cuenta con rellenos de seguridad.
Algunas constataciones generales:
